El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Colegio en 2016 contra la Convocatoria de oposiciones 9/2015 de grupo A2, que impedía presentarse a los ingenieros y licenciados en Informática a estos puestos.

Desde el momento de la convocatoria, el Colegio se reunió en varias ocasiones con la Dirección General de Función Pública, responsable de esta convocatoria, para tratar de habilitar un procedimiento que permitiera a los ingenieros justificar que disponían por lo menos de la misma capacidad, que los ingenieros técnicos, pues el plan de estudios en los tres primeros años era prácticamente el mismo. 

Sin embargo, la vía amistosa no dio ningún fruto y la Conselleria excluyó a 62 ingenieros de dicha convocatoria de oposiciones. Por tal motivo, el Colegio se vió obligado a acudir a los tribunales, por considerar que la convocatoria vulneraba los principios de capacidad, igualdad y mérito.

La sala segunda de lo contencioso del TSJ ha considerado en su sentencia válido y taxativo el criterio establecido por el Estatuto del Empleado Público (EBEP), en su artículo 76, que dice que el Grado es válido y suficiente para el acceso a los cuerpos y escalas funcionariales del grupo A, sin entrar a nuestro juicio en el fondo del asunto, sobre los planes de estudios, ni sobre los conocimientos y capacidades comparativas de los ingenieros respecto a los ingenieros técnicos, que es lo que fundamentaba nuestra demanda.

Aunque la vía judicial en este procedimiento está agotada, el Colegio valora todas sus opciones respecto a otras convocatorias abiertas, pues considera que la posición de la administración de la Generalitat es errática con respecto a los criterios de acceso a la función pública, ya que desde 2016 no ha hecho más que aplicar medidas que relajan el acceso a los cuerpos funcionariales de informática, que creemos va en contra de los propios intereses de la administración y del ciudadano en cuanto a la calidad de los servicios derivada de la formación de los recursos humanos que incorpora, además de lanzar un mensaje contradictorio y confuso penalizando a los profesionales con titulación superior, y por supuesto distinto del asumido por la propia sociedad, incluidas las empresas que exigen cada vez más nivel de cualificación y las universidades que mantienen una amplia oferta de masters que actualizan, e incluso amplían, todos los años.