La falta de controles y regulación de las actividades informáticas es una amenaza para la competitividad y el interés general de ciudadanos y empresas.

Madrid, 25 de septiembre de 2013. El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática (CCII), ha remitido al Gobierno a través de la Dirección General de Política Económica, del Ministerio de Economía y Competitividad, sus alegaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP) aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto.

Los ingenieros en informática han trasladado al Gobierno sus propuestas en el marco de la consulta que el gobierno está realizando a los representantes de las diferentes profesiones en relación al APLSCP que tiene como objetivo central reformar la normativa en materia de servicios profesionales para adaptarla a los criterios europeos y actualizarla a la realidad socioeconómica.

La hora de la ingeniería informática:
En sus alegaciones, además de múltiples propuestas de mejora de su contenido, CCII ha subrayado que es urgente resolver el agravio que desde hace décadas la ingeniería informática está sufriendo respecto al resto de ingenierías  “tradicionales”, por una improcedente dejadez normativa en relación a las actividades y servicios de naturaleza informática que progresivamente han llegado a todas las actividades personales, empresariales y sociales en una absoluta falta de controles profesionales, ni siquiera en actuaciones tan trascendentes como instalar y explotar un centro de proceso de datos, diseñar y gestionar la seguridad informática, diseñar e implementar aplicaciones y sistemas informáticos de uso masivo para ciudadanos y empresas, explotar aplicaciones informáticas que disponen de datos personales y contenidos privados de los ciudadanos sin los adecuados controles y garantías, etc. etc.

No hay que convencer a nadie de la importancia de evaluar con rigor la necesidad de controles y regulación en las actividades informática en una sociedad que hemos dado en denominar “sociedad de la información y el conocimiento”, sin embargo ello es una tarea sorprendentemente pendiente en España, siendo el principal objetivo de la acción de CCII desde su constitución en 2010. CCII ha señalado que el APLSCP es el escenario para iniciar la solución de este importante problema.

Por otro lado, CCII ha trasladado al ejecutivo que además de la evidencia de la realidad hay un mandato legal al respecto, ya que el artículo 18 de la Constitución Española establece que "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", y así mismo el artículo 51 establece la necesidad de defender a los consumidores y usuarios desde los poderes públicos, especialmente en lo relativo su seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.
Entiende CCII en sus alegaciones que los mencionados mandatos Constitucionales, y especialmente el artículo 18, son más imperativos y vigentes que nunca, y no se entendería el no tener dicho mandato presente en la LSCP, y su incidencia en la necesidad de regular adecuadamente las actividades y servicios en materia informática.

Subir al “tren” de la informática como estrategia económica
La Comisión Europea ha estimado que el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es directamente responsable del 5% del PIB europeo, y adicionalmente que las TICs contribuyen un 20% al crecimiento de la productividad general de la economía (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda Digital para Europa. Bruselas, 26.8.2010).
CCII considera en sus alegaciones que España tiene hoy en la tecnología informática “un tren” a la competitividad y al crecimiento que puede coger en igualdad de condiciones (y en algunos aspectos en superioridad de condiciones) respecto a los principales países desarrollados tanto a nivel europeo como mundial. Hay a la vista en el futuro pocos “trenes” con tanto potencial de creación de valor y competitividad para nuestra economía y nuestra sociedad. Podemos optar por dejar pasar este tren y dejar que otros países lideren y aprovechen los beneficios en su prosperidad, o podemos aprovechar la oportunidad y estar en la primera línea de la actividad informática (producción de programas y dispositivos, servicios, etc.) para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía a corto y largo plazo, y en última instancia para la sostenibilidad y competitividad de nuestra sociedad. Esta decisión comienza por la evaluación y el tratamiento riguroso de las actividades y servicios en materia informática como base para la calidad competitiva de los productos y servicios informáticos, pues son la base del conjunto de actividad y resultado del sector de la informática como tal y de su utilización generalizada por el resto de sectores productivos. Es decir, esta decisión de política económica se va a tomar y se va a plasmar en el tratamiento que se dé a la informática en la LSCP: O bien evaluando objetivamente su regulación y considerando su importancia estratégica en la política económica, o bien continuando dando la espalda a la evidente y creciente necesidad de regulación y controles, y no percibiendo la trascendencia de la informática como elemento económico en la sociedad actual y futura.

CCII realizará todas las acciones que estén en su mano para persuadir al Gobierno de estas necesidades, tanto por la importancia de la resolución de la actual indefinición de las actividades profesionales de ingeniería informática, como especialmente por la repercusión de la informática en la competitividad y creación de riqueza y empleo de nuestra economía a corto y largo plazo. En definitiva, por la extraordinaria aportación al interés general de la ingeniería informática y las oportunidades que ello brinda a nuestro país en el contexto económico actual.

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