La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha publicado un informe que analiza el papel de la consultoría tecnológica en la modernización de las Administraciones Públicas españolas. El documento recoge las conclusiones de un foro de reflexión en el que participaron directivos de compañías como Accenture, Minsait, Altia, Ayesa, Capgemini, DXC Technology, IBM Consulting, Izertis, NTT DATA, Grupo Oesía, SEIDOR, Sopra Steria y VASS. 

La satisfacción ciudadana y el reto de sostener la inversión

Según una encuesta de Accenture citada en el informe, solo el 44 % de los ciudadanos se declara satisfecho con los servicios públicos digitales, mientras que el 25 % considera que los procesos y el lenguaje empleados resultan poco intuitivos. En el ámbito interno, el 75 % de los empleados públicos reconoce disponer de más herramientas tecnológicas, pero señala la falta de formación práctica para aprovecharlas.

El informe insiste en que los servicios deben rediseñarse situando al ciudadano en el centro, y advierte además del riesgo de que las Administraciones reduzcan su inversión tecnológica una vez concluya la ejecución de los fondos Next Generation EU. Mantener esa inversión resulta crítico, ya que el 80 % de los españoles de entre 16 y 74 años ya utiliza canales digitales para relacionarse con la Administración, a lo que se suma un reto demográfico de fondo, pues el 50 % de la plantilla pública actual se habrá jubilado en 2035.

Contratación pública e inteligencia artificial como infraestructura crítica

El sector público gestionó cerca de 880.000 expedientes de contratación en 2025, un volumen que el informe considera necesario simplificar. La AEC plantea que el modelo de contratación debe dejar de basarse únicamente en el precio para centrarse en el impacto real, apoyándose en herramientas como la inteligencia artificial para automatizar cargas burocráticas. En este sentido, el documento sitúa la IA como una infraestructura de decisión crítica dentro de la Administración, más allá de una simple herramienta de apoyo. 

El principal desafío pasa por la explicabilidad, entendida como la capacidad de justificar por qué un sistema de IA adopta una determinada decisión, un requisito clave para garantizar la transparencia, la defensa jurídica y la prevención de sesgos. Junto a ello, el informe reclama avanzar hacia un gobierno del uso del dato que garantice de forma ética y responsable cómo se emplea la información, además de impulsar ecosistemas de datos compartidos que permitan hiperpersonalizar los servicios.

Un sector en crecimiento y hacia alianzas estratégicas

Los ingresos por servicios de consultoría en el sector público crecieron un 80,6 % desde 2020, pasando de 2.093 a 3.781 millones de euros en 2024, año en el que la Administración representó el 17,2 % de los ingresos totales del sector consultor (21.982 millones de euros). Según datos de la AEC, se preveía que este peso se acercara al 20 % en 2025. En cuanto a la distribución de licitaciones de 2024, las comunidades autónomas concentraron el 55,1 %, la Administración General del Estado el 36,6 % y las entidades locales el 10,3 %. A nivel europeo, el próximo marco financiero 2028-2034 destinará casi 280.000 millones de euros a la digitalización, cinco veces más que el presupuesto anterior y un 15 % del presupuesto total de la Comisión.

El informe concluye que la velocidad del cambio tecnológico exige transformar la relación entre Administración y empresas de consultoría, que debe evolucionar de un modelo de proveedor-cliente, hacia auténticas alianzas estratégicas orientadas a transferir conocimiento práctico. La AEC defiende que la transformación digital debe dejar de entenderse como una sucesión de proyectos puntuales para generar capacidades permanentes, con la consultoría tecnológica como socio indispensable en ese proceso.